Martí Batres entregará departamentos asegurados a la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez

Ciudad de México.- El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, recibió, de parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cinco departamentos asegurados a la delincuencia de cuello blanco, ubicados en Petén 329, en la Alcaldía Benito Juárez, los cuales serán entregados a familias damnificadas por los sismos de 2017, a través de la Comisión para la Reconstrucción, para cumplir con el compromiso de devolver al pueblo lo robado.

Señaló que se trata de departamentos relativamente nuevos, de alrededor de 70 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor, baño, cocina y uno de ellos cuenta con un roof garden. Esta entrega corresponde al acuerdo de reparación del daño por parte de exfuncionarios públicos que participaban en actos de corrupción inmobiliaria y han devuelto múltiples inmuebles con un valor de más de 80 mdp.

“Estos cinco departamentos forman parte de los inmuebles que han estado entregando los exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, que reconocieron su culpabilidad en los hechos de corrupción del llamado Cártel Inmobiliario de Benito Juárez. Así se cumple con el principio de devolver al pueblo lo robado, un acto de justicia en más de un sentido: de justicia, porque se recuperan bienes del saqueo del erario, pero también de justicia porque estos bienes se entregan a familias que lo necesitan”, expresó.

Resaltó que gracias a las investigaciones realizadas por la FGJCDMX se descubrieron dos modus operandi: las autoridades emitían permisos de construcción a cambio de que las empresas les entregaran departamentos; o bien, se constituían empresas constructoras con la participación de familiares de los funcionarios.

Recordó que estos departamentos son resultado de una investigación que empezó con hallazgos que se dieron con la explosión de un inmueble que ocurrió en esta alcaldía hace un par de años, en la colonia Actipan, había dos departamentos que eran propiedad de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, encargados de dar las autorizaciones y permisos para realizar este tipo de obras.

Martí Batres destacó que el Gobierno capitalino determina el destino de los edificios asegurados con base en el uso de suelo autorizado en cada caso y dimensiones. En este caso, indicó, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones realizará revisiones estructurales en los departamentos con el fin de garantizar que cumplan con las normativas vigentes.

La fiscal general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, informó que cuatro de estos departamentos, ubicados en una zona de alta plusvalía, están valuados en más de 4 mdp, mientras que el quinto de ellos, con roof garden, en 6.5 mdp.

Resaltó que la evidencia obtenida por la FGJCDMX ha contribuido a que distintos servidores públicos reconozcan su participación en el delito de enriquecimiento ilícito; además de concretar dos sentencias y llevar a proceso a un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, una contratista, un trabajador por honorarios, una gestora que trabajaba con la alcaldía e investigar a cinco servidores públicos de alto nivel y mandos medios.

“Y esto es una prueba fehaciente, la corrupción en el sector bienes raíces en Benito Juárez no es un mito, ni mucho menos es una persecución política, es un entramado de favores e irregularidades, en el que se beneficiaron de una manera alevosa, inmoral e ilícita del cargo gubernamental que en un momento ostentaron”, apuntó.

Aseguró que continuarán las investigaciones minuciosas en colaboración con ministerios públicos, peritos, Policía de Investigación, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros, para brindar a los jueces las herramientas necesarias para emitir sentencias a quienes permitieron y se beneficiaron de la construcción ilegal de viviendas.

“Las investigaciones van a continuar, están las carpetas abiertas; y que quede claro que la corrupción no es un derecho, sino es un delito y que no hay intocables en esta ciudad, y que nuestras investigaciones no pasan por tamizajes de tipo político o poderes económicos o incluso amenazas”, aseveró.

El pasado 14 de noviembre también fue entregado el inmueble ubicado en Insurgentes Sur 1774 y valuado en alrededor de 10 millones de pesos al Gobierno capitalino como parte del acuerdo de reparación del daño. El Comité del Patrimonio Inmobiliario, definirá si, de acuerdo a la norma, puede destinarse a la creación de una unidad interinstitucional cuyos objetivos principales sean la lucha contra la corrupción y la atención a víctimas.