Senado de la República recibió iniciativa de la presidenta de la República sobre el “Plan B” en materia electoral.

Ciudad de México. El Senado de la República recibió este día la iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato.

La propuesta que fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, de MORENA, se orienta bajo los principios del uso eficiente del gasto y el cuidado de los recursos, así como en el fortalecimiento de la democracia.

En el acto de entrega-recepción, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, de MORENA, indicó que se trata de una iniciativa noble para el pueblo de México, para la democracia participativa y para la austeridad. “No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y los funcionarios públicos, sobre todo los que son representantes populares, gracias al voto y la confianza de las y los mexicanos debemos de ser congruentes y consistentes con el principio de la austeridad republicana”, reconoció.

La iniciativa contempla un compromiso en el manejo responsable de los recursos, para que los ahorros se destinen a quienes más lo necesitan y fortalecer la democracia directa, a través de la revocación de mandato, con el objeto de que el pueblo cuente con un instrumento constitucional que garantice que un gobernante que no procure el bienestar de la población o atente contra el interés popular nacional sea revocado en su mandato de manera institucional y pacífica.

El objetivo, establece la propuesta, es acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia, porque el gobierno no debe ser una carga para el pueblo y las personas servidoras públicas no deben tener ventajas a costa del presupuesto.

Al respecto, en la iniciativa del Ejecutivo Federal se plantea modificar el artículo 134 Constitucional para prever que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, ajusten sus remuneraciones a los límites que se establecen en el artículo 127 de la propia norma constitucional.

Además, se determinan los casos en los que se prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos usando recursos del Estado, tales como el Seguro de Separación Individualizado o las cajas de ahorro especiales, con excepción de aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos derive de la ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo.

Esto implica que, en los presupuestos públicos, federales y locales, se ajustarán sus montos conforme a lo siguiente:

En el caso del Senado se establecen obligaciones de diagnóstico y ajuste presupuestario a partir del siguiente ejercicio fiscal de un 15% respecto al presupuesto aprobado en 2026, conforme a las disposiciones y valores constitucionales, para buscar que la élite política partidista que tanto tiempo mantuvo el poder y que lo concentró de manera excesiva, alejada de la realidad y de la dinámica social, comprenda que el postulado de los cargos públicos es servir al pueblo y no a las cúpulas partidistas que tanto daño han hecho a este país.

Así también, esta disminución contribuye a hacer eficiente el gasto público y a acabar con los privilegios en la utilización de recursos públicos, pilares fundamentales de este gobierno. La medida responde a las demandas ciudadanas frente al dispendio de sus contribuciones y a la falta de certeza sobre quienes les representan a través de este mecanismo de elección.

En el caso de las legislaturas de las entidades federativas, su presupuesto anual debe guardar coherencia entre la proporción del presupuesto público de los órganos legislativos respecto del presupuesto público estatal.

Igualmente, se propone una nueva integración de los ayuntamientos para que ajusten su composición a una persona síndica y a un máximo de quince personas regidoras por municipio, evitando que dicha integración se pervierta por criterios de utilidad o renta política, o por beneficios personales, y responda en cambio a un genuino criterio de representación democrática.

Asimismo, se prevé que los recursos públicos que se liberen como consecuencia de la reducción o ajuste en la integración de los ayuntamientos permanezcan dentro del ámbito presupuestal del propio municipio o demarcación territorial correspondiente, con el propósito de fortalecer su hacienda pública y permitir que dichos recursos se destinen a servicios públicos municipales, obra pública local y acciones que inciden directamente en el bienestar de la población.