Adrián Esteves Durán, Dr. en Derecho Administrativo y Políticas Públicas, señaló que adultos mayores son los que sufren más despojos de bienes y las principales víctimas son mujeres

Ciudad de México.- Adrián Esteves Durán, Doctor en Derecho Administrativo y Políticas Públicas, señalo que ante los aumentos de fraudes, despojos y abuso de confianza al patrimonio contra adultos mayores, se debe legislar para ampliar las facultades del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED), añadió que con el respaldo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para judicializar los delitos que cometan vecinos, cuidadores e incluso familiares.

Reconoció el llamado del Congreso de la Ciudad de México a la Consejería Jurídica y Servicios Legales del gobierno local y la convocatoria a una mesa de trabajo con el Colegio de Notarios para diseñar mecanismos de prevención y programas especiales para la regularización y escrituración, a fin de combatir el delito de despojo del patrimonio de las personas mayores de 60 años.

Adrián Esteves, reveló que con base en la información del Instituto para el Envejecimiento Digno, la Ciudad de México en 2024 registró 484 despojos de viviendas contra adultos mayores, siendo las mujeres las principales víctimas con el 70 % de casos.

Agregó que con la misma investigación dicho instituto registró que de enero a octubre de 2021 se iniciaron 3757 indagatorias de despojos de inmuebles, destacó que las alcaldías con más denuncias son:

-Iztapalapa con 548 casos.

-Cuauhtémoc 420 casos.

-Gustavo A. Madero con 391 casos.

Además de otras alcaldías que incluso hay situaciones de asesinatos de adultos mayores por resistirse a ceder sus propiedades.

En este sentido, para el especialista en Derecho Administrativo y Políticas Públicas, Esteves Durán, resaltó que el Código Penal en su artículo 395 ya tipifica el delito de despojo de inmuebles pero se deben actualizar los alcances jurídicos para ajustarse a la realidad social con observación a sus agravantes para priorizar la protección legal y certeza jurídica del patrimonio de los adultos mayores.