Comisiones del Senado avalaron proyecto de dictamen relativo al paquete de reformas del sector energético

Ciudad de México.- Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado realizaron reunión de trabajo en la que aprobaron el proyecto de dictamen por el que se expiden ocho leyes y se reforman dos ordenamientos que tienen como objetivo fortalecer al sector energético del país, así como poner orden y certeza para que la iniciativa privada participe en la generación de energía.

El proyecto de dictamen incluye la expedición de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley del Sector Eléctrico; Ley del Sector Hidrocarburos; Ley de Planeación y Transición Energética; Ley de Biocombustibles; Ley de Geotermia; y la Ley de la Comisión Nacional de Energía. Así también, reforma diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La presidenta de la Comisión de Energía del Senado, la legisladora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, al presentar el proyecto de dictamen expuso que este paquete de reformas permitirá “cristalizar” el objetivo de que Pemex y la CFE regresen a manos del pueblo de México como empresas públicas del Estado, por lo que serán más productivas, transparentes, eficientes y tendrán como eje de su operación la austeridad.

Así como pretende integrar nuevamente en la producción energética a esas dos empresas, “terminando con la separación legal impuesta por anteriores reformas de carácter neoliberal”. Abundo que con la expedición de estas normas se van a definir claramente las áreas en las que la iniciativa privada podrá participar, lo que permitirá una colaboración entre el sector público y el privado.

“Se reconoce la importancia de su participación, eso sí, asegurando que ésta se lleve a cabo de manera ordenada y transparente, garantizando que las contribuciones de la iniciativa privada se realicen en beneficio del pueblo y del desarrollo sostenible”, aseveró.

En su intervención, el Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, apuntó que para ayudar a la economía de las familias mexicanas es necesario apostar a la extracción y producción, aumentar la inversión pública en infraestructura, permitir e incentivar la inversión privada, y disminuir los impuestos a la gasolina, porque la “visión retrógrada” del sexenio pasado fue el principal obstáculo para el crecimiento económico y la generación de empleos.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, advirtió que estas leyes reglamentarias no ofrecen garantías para obtener energías más baratas, limpias, ni accesibles; “no es lo que México necesita en este momento, ni la industria [energética] en general. Nos preocupa que persistamos en echar por la borda el presente y el futuro de las y los mexicanos”, remarcó.

La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, criticó que a pesar de los cambios se mantienen las disposiciones de la reforma energética de 2013, pues no se cancela la inversión privada y permanecen los contratos ya asignados, además de que se amplían las ganancias para los empresarios; “el modelo de negocio cambia, pero para beneficiar a privados”, apuntó.

La legisladora Olga Patricia Sosa Ruíz, de Morena, se pronunció a favor de la propuesta porque afirmó que ayudará a fortalecer las empresas públicas del Estado y revertir el "esquema privatizador" del sector energético, porque las leyes van a garantizar un sector fuerte, confiable y eficiente, pues parten de la visión de que la energía posibilite bienestar y desarrollo estratégico nacional.

El senador Waldo Fernández González, del PVEM, recalcó que estas leyes son “históricas” y benéficas para el país, al rescatar un sector sensible y estratégico, devolver su función social a Pemex y la CFE, con lo que se eficientizan costos, y permite que el Estado mexicano asuma la rectoría de su soberanía energética.

La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PT, refirió que estas reformas son indispensables e impostergables para que México recupere el control de sus recursos y asegurar que la energía sea un derecho de todos los mexicanos y no un negocio de unos cuantos; "pondremos los recursos de la nación al servicio del pueblo mexicano”, añadió.

Cabe destacar que los senadores Agustín Dorantes Lámbarri, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Ricardo Anaya Cortés, Mayuli Latifa Martínez Simón y Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN; Alejandra Barrales Magdaleno y Clemente Castañeda Hoeflich, de MC; así como Claudia Edith Anaya Mota y Carolina Viggiano Austria, del PRI, presentaron nueve votos particulares en contra del dictamen.