COPARMEX desplegará 215 personas como observadores electorales, para la elección extraordinaria del Poder Judicial

Ciudad de México.- Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex anunció que para el Proceso Electoral que se llevará a cabo el domingo 1 de junio, han desplegado una estrategia nacional de observación, donde participarán más de 215 personas observadoras, registradas y capacitadas formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales cubrirán el 60.6% de los distritos electorales federales, lo que representa más del 65% del territorio nacional.

Conscientes de que este proceso electoral judicial incluye elecciones en 19 estados del país, han prestado particular atención a entidades como Veracruz y Durango, donde coinciden procesos distintos sin garantías de orden ni claridad.

Recordó que en el proceso electoral de 2018, se registraron poco más de 38 mil personas observadoras y hoy, esa cifra se ha multiplicado de forma inédita: se han presentado 316 mil 498 solicitudes, un incremento del 732.89%. Sin embargo, apenas 139 mil 538 han sido acreditadas. Más aún, 48 mil 360 solicitudes fueron rechazadas por estar vinculadas a partidos políticos, programas sociales o candidaturas, lo que demuestra el intento de ciertos actores por infiltrarse en la observación ciudadana, desvirtuándola.

Mediante un comunicado, señaló que este proceso se destaca por ser un proceso opaco, improvisado y manipulado, dejando en evidencia que se esta ante una elección que no fue planeada para mejorar la impartición de justicia; fue diseñada para controlar al Poder Judicial. El resultado de este ejercicio será un sistema debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado.

Sierra Álvarez reiteró que este proceso ha puesto en evidencia múltiples deficiencias que generan inquietudes sobre su legalidad, imparcialidad y transparencia. La fragilidad que rodea al sistema de justicia no es producto del azar sino resultado de una reforma mal diseñada y apresurada. La ausencia de criterios técnicos claros, la improvisación del proceso electivo y la falta de un diagnóstico serio previo, han derivado en un modelo débil, permeable a intereses políticos y vulnerable a la desconfianza ciudadana. Lo que está en juego no es solo quién juzgará sino cómo se impartirá justicia en el país.