COPARMEX presentó el informe de Observación Electoral del Poder Judicial 2025, el cual estuvo plagado de inconsistencias

Ciudad de México.- Presenta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)  el Informe de Observación de la elección del Poder Judicial Federal 2025, en el cual se dio cobertura en más del 60% de los distritos electorales y observadores en el 65% del territorio, a través de la acción comprometida de los socios y ciudadanos convocados por los Centros Empresariales y otras OSCS del país.

En el estudio, se revelan hallazgos que comprometen la legitimidad del proceso, los cuales alertando  sobre riesgos para la autonomía judicial.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo empresarial Juan José Sierra Álvarez destacó que este informe, que ya fue entregado formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual consolida la evidencia técnica, jurídica y ciudadana sobre un modelo que debe corregirse de fondo.

El empresario señaló: “Este es un llamado de atención nacional. No podemos permitir que la justicia quede sujeta al cálculo político. Porque si bien la elección concluyó en las urnas, el verdadero desafío comienza ahora: garantizar que quienes fueron electos ejerzan su función con integridad, y que las fallas estructurales documentadas no se repitan en el proceso electoral judicial del 2027”.

En ese sentido, el Presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático, Rubén Furlong Martínez resaltó que este estudio documentó que la elección judicial 2025, el cual dejó en evidencia un modelo fallido desde su diseño.

El proceso estuvo marcado por control político, desinformación y ausencia de garantías institucionales. La selección de candidaturas, definida por tómbolas sin criterios técnicos ni transparencia, renunció al mérito y privilegió la improvisación. La falta de legislación secundaria, sustituida por criterios emitidos de forma tardía, generó vacíos normativos e inequidad procesal. A ello se sumó la exclusión ciudadana: sin información suficiente, con boletas mal diseñadas y sin cancelación de sobrantes.

Concluyó al señalar que la participación fue mínima: solo el 13% del padrón acudió a las urnas, mientras que más del 16% de las boletas fueron anuladas, declaradas inválidas o extraviadas sin explicación oficial. En términos reales, casi 2 de cada 10 votos no se contabilizaron. Además, en al menos 21 distritos se registraron patrones idénticos entre “acordeones” y resultados, confirmando que la operación política influyó más que la voluntad ciudadana. Este conjunto de irregularidades no solo compromete la legitimidad de la elección, sino que exhibe una desconexión profunda entre el modelo electoral judicial y la ciudadanía, dejando sin garantías la independencia y la certeza jurídica que exige un Estado de Derechos sólido.