Impunidad y opacidad en la minería de criptomonedas por el SME

Ciudad de México.- Desde 2023 se documentaron y publicaron casos de minería de criptomonedas en instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por Martin Esparza Flores, sin que las autoridades hayan dado una posición o tomado acciones.

La minería de criptomonedas no es un delito, sin embargo, el uso de electricidad sin pago y de instalaciones entregadas por el Gobierno para proporcionar energía eléctrica a la ciudadanía y beneficiar a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, si lo es.

La disidencia del Sindicato presentó, en junio de 2025, una denuncia formal a la Fiscalía General de la Republica, en donde expusieron el robo de energía eléctrica para generar criptomonedas.

Lo anterior, con diversos sustentos. Primero: el caso de la sede Necaxa, Puebla, en donde elementos de la Defensa y Marina escoltaron a personal de CFE para realizar el corte de cableado que suministraba energía a este inmueble, ante el consumo extremo y el ruido exagerado que afectaba a los ciudadanos.

La energía alimentaba servidores que realizaban la minería y el ruido provenía de los enfriadores que se utilizaban, sin embargo, solo quedó en eso, un corte de energía sin una investigación a fondo

Segundo: el 24 de junio de 2025, se publicó, en redes sociales, un aviso de cobro, por parte de la CFE a las instalaciones de la sede El Oro, administrada por el SME, en donde se señala un cobro de más de 16 millones de pesos de un solo bimestre, así embargo, la creación de criptomonedas se registró desde 2023.

Así mismo, se ha divulgado que está actividad está siendo realizada en otras sedes del SME, en donde no se tiene información de una investigación, a pesar de que existe una denuncia formal ante la FGR.

Mario Benítez, profesor de Economía en la UNAM y quién forma parte de la disidencia del Sindicato, señaló que la creación de una criptomoneda equivale a 450,000 kW/hora, lo que significa abastecer de luz a una casa por 50 años.

Esta situación demuestra la impunidad que continua por parte del sindicalismo, ahora no solo perjudicando a trabajadores, también evadiendo y utilizando recursos de la nación en beneficio de sus liderazgos para mantenerse millonarios.