Llega al Senado la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar el delito de feminicidio en el país

Ciudad de México. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió la iniciativa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de feminicidio la cual tiene por objeto la homologación de este delito en todo México.

El proyecto de la mandataria federal plantea reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de feminicidio.

Esta reforma permitirá avanzar hacia una legislación uniforme que contribuya a erradicar la impunidad y a consolidar mecanismos más eficaces para la atención de este delito.

La propuesta de la mandataria federal plantea imponer una pena de prisión de hasta 70 años al que cometa el delito de feminicidio, elimina beneficios legales para los agresores y establece la obligación de investigar toda muerte violenta bajo la hipótesis de feminicidio.

Destaca que las penas serán de 40 a 70 años de prisión; multas de hasta 2 mil UMAS; y el incremento de la pena hasta en una mitad cuando existan agravantes. Se busca terminar con la disparidad legal entre estados al establecer un tipo penal único, definiendo feminicidio como: “Privar de la vida a una mujer por razones de género”.

Entre estas razones se incluyen: violencia sexual; antecedentes de violencia; relaciones de poder asimétricas; estereotipos o prejuicios; condiciones de vulnerabilidad como embarazo; y discapacidad o edad.

Uno de los cambios que destaca es la obligación de que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio desde el inicio; el Ministerio Público actúe de oficio e inmediatamente; se utilice perspectiva de género y protocolos especializados.

Respecto a las víctimas indirectas se deberá dar atención médica y psicológica inmediata; asistencia jurídica gratuita; acceso a la verdad y justicia; y seguridad social para menores en orfandad.

La ley propone un andamiaje institucional por lo que se deberá crear un Registro Nacional de menores en orfandad por feminicidio; la integración de datos entre fiscalías y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); campañas de prevención y concientización; y el fortalecimiento de refugios y centros de atención.