PAN propone blindaje contra despojo inmobiliario y exige a Gobierno CDMX actuar contra redes criminales

Ciudad de México.- El PAN en la Ciudad de México anunció una estrategia integral para combatir el despojo inmobiliario organizado y proteger el patrimonio de las familias, con un paquete de reformas que será presentado ante el Congreso capitalino y entregado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para su consideración.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, acompañada por el diputado federal Federico Döring y legisladores locales panistas, sostuvo que la propiedad privada se encuentra en riesgo ante la operación de grupos dedicados a la invasión y apropiación irregular de inmuebles, y acusó al Gobierno capitalino de tolerancia y complicidad con estas organizaciones.

Los panistas señalaron que el objetivo de su propuesta es evitar que una ocupación irregular termine adquiriendo apariencia de legalidad mediante documentos falsos, pagos de predial, actuaciones notariales, contratos simulados o intermediación inmobiliaria.

Entre las principales medidas planteadas destaca la creación de una Fiscalía y juzgados especializados en despojo inmobiliario organizado, además de establecer una audiencia judicial urgente que permita restituir provisionalmente el inmueble al legítimo propietario en un plazo de hasta 72 horas, cuando se acrediten las condiciones legales para ello.

El PAN también propone congelar los folios reales en el Registro Público de la Propiedad mientras se resuelve el juicio correspondiente, con el propósito de impedir compraventas simuladas o movimientos registrales durante la controversia.

A la par, plantea tipificar el despojo organizado como delito complejo y crear un nuevo tipo penal para el arrendamiento falso o simulado, así como incrementar las sanciones contra notarios y otros profesionistas que participen o faciliten operaciones fraudulentas.

Otro eje de la propuesta contempla la creación de mapas digitales obligatorios y georreferenciación en las escrituras, para reducir disputas sobre superficies y colindancias entre predios.

Los panistas también buscan establecer mecanismos de atención prioritaria para personas adultas mayores, consideradas entre los sectores más vulnerables frente a este tipo de delitos, así como crear un Observatorio del Despojo, integrado por autoridades, especialistas, académicos y ciudadanos para monitorear el fenómeno, identificar patrones y detectar posibles redes delictivas.

Durante la presentación, Acción Nacional cuestionó el manejo de información relacionada con los inmuebles y acusó que datos provenientes del Registro Público de la Propiedad y de la Secretaría de Finanzas podrían ser utilizados por delincuentes para identificar propiedades susceptibles de ser invadidas.

“Con este paquete de iniciativas pretendemos atacar directamente a los invasores, a los defraudadores, pero también a todos aquellos que están realizando actos jurídicos o simulando ventas, compraventas y otra serie de acciones ante las instancias gubernamentales”, expusieron.

El partido también puso en duda la efectividad de la estrategia gubernamental contra el despojo. De acuerdo con las cifras presentadas por los panistas, en los últimos seis años se han iniciado alrededor de 25 mil carpetas de investigación por este delito; sin embargo, al ampliar el periodo a siete años, estimaron que serían aproximadamente 29 mil carpetas, mientras que en una década alcanzarían cerca de 39 mil investigaciones.

En contraste, señalaron que únicamente se han registrado 463 personas detenidas, situación que, a juicio del PAN, refleja un elevado nivel de impunidad.

La diputada local Laura Álvarez Soto sostuvo que no son suficientes los anuncios de nuevos gabinetes o estrategias gubernamentales, pues consideró que las cifras muestran que el problema requiere acciones concretas.

“Urgen acciones concretas y nosotros en el PAN lanzamos propuestas firmes para que la jefa de Gobierno tenga elementos para atacar este fenómeno que ya se le salió de las manos”, afirmó.

El PAN aclaró que su propuesta no busca sustituir las funciones del Gobierno capitalino ni de la Fiscalía, sino modificar el marco jurídico para cerrar vacíos legales que, según el partido, actualmente son aprovechados por grupos dedicados al despojo.