PRI denuncia ante el INE a 10 coordinadores estatales de MORENA por presuntos actos anticipados de campaña

Ciudad de México. El PRI presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra 10 coordinadores estatales de MORENA, a quienes acusa de incurrir en presuntos actos anticipados de campaña rumbo a la renovación de 17 gubernaturas en el proceso electoral 2026-2027.

A través de su representación ante el órgano electoral, el partido encabezado por el senador Alejandro Moreno solicitó medidas cautelares para que los señalados suspendan actos, actividades y propaganda relacionados con los procesos de selección de candidaturas.

Además, pidió que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE investigue el origen de los recursos utilizados en esos eventos y verifique si fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Los denunciados son Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes), Julieta Ramírez (Baja California), Pablo Gutiérrez Lázarus (Campeche), Rosa María Bayardo (Colima), Beatriz Mojica (Guerrero), Carlos Torres Piña (Michoacán), Santiago Nieto Castillo (Querétaro), Eugenio "Gino" Segura (Quintana Roo), Imelda Castro (Sinaloa) y Verónica Díaz Robles (Zacatecas).

El PRI argumentó que la figura de los llamados "Coordinadores de la 4T" forma parte de una estrategia sistemática de Morena para posicionar perfiles antes del inicio formal de las precampañas, lo que, a su juicio, constituye una infracción a la legislación electoral.

En un tema relacionado con el proceso electoral, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI también celebró la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revocó acuerdos del INE sobre la participación de los llamados "Servidores de la Nación" como Supervisores Electorales, Capacitadores-Asistentes Electorales y en actividades de observación electoral.

El partido sostuvo que esa decisión fortalece los principios de certeza y equidad en los comicios y aseguró que continuará recurriendo a las instancias electorales para impugnar conductas que considere contrarias a la normativa vigente.