Senado aprueba nueva ley para homologar catastros y registros públicos de la propiedad

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con la que se busca homologar, modernizar y vincular los sistemas catastrales y los registros públicos de la propiedad de los tres órdenes de gobierno. El proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.

El dictamen obtuvo 69 votos a favor y 32 en contra en lo general. Durante la discusión en lo particular, las reservas presentadas por senadores del PAN y PRI fueron rechazadas, por lo que los artículos impugnados se aprobaron en los términos del dictamen, con 66 votos a favor y 28 en contra.

La nueva legislación establece bases, principios y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para mejorar la actualización, interoperabilidad y confiabilidad de la información sobre los inmuebles en el país.

Entre sus principales disposiciones contempla la creación del Plan Nacional Catastral, que definirá las directrices y acciones para fortalecer y modernizar los sistemas; la Clave Única Catastral, para identificar los predios, y la Cédula Única Catastral y Registral, que concentrará información esencial para su identificación, ubicación y vinculación registral.

Asimismo, prevé implementar una Plataforma Catastral Municipal como mecanismo de coordinación tecnológica para fortalecer la cartografía y facilitar el intercambio de información entre autoridades.

Durante la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, sostuvo que la ley contribuirá a brindar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad inmobiliaria, mejorar la transparencia y modernizar los trámites, sin invadir la autonomía municipal ni centralizar la recaudación del impuesto predial.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que las bases comunes permitirán intercambiar información, detectar inconsistencias y facilitar su corrección conforme a la ley.

Por MORENA, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz argumentó que la desconexión entre los catastros y los registros públicos puede generar problemas para acreditar la posesión de los inmuebles, afectar la recaudación municipal y propiciar condiciones que faciliten los despojos. Consideró que la nueva norma permitirá atender estas inconsistencias mediante sistemas coordinados.

El PVEM, a través del senador Gilberto Hernández Villafuerte, respaldó la incorporación de tecnologías de la información para hacer más eficientes y transparentes los procedimientos administrativos. Por su parte, la senadora del PT, Lizeth Sánchez García, defendió que la ley permitirá corregir contradicciones entre dependencias mediante procedimientos más sencillos y seguros, sin alterar los derechos de propiedad.

Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos de la oposición. El senador Miguel Márquez Márquez, del PAN, advirtió que la digitalización debe acompañarse de garantías para proteger los datos y evitar su manipulación indebida. Sostuvo que la modernización también debe asegurar la protección de los derechos de las personas.

Desde el PRI, Gabriel Elizondo Pérez señaló que la homologación de los sistemas no debe convertirse en un mecanismo de centralización de decisiones por parte de la Federación ni afectar las atribuciones constitucionales de los municipios. Además, advirtió que las nuevas obligaciones requerirán recursos para digitalizar archivos, capacitar al personal y actualizar los sistemas.

En tanto, Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, consideró que la implementación podría representar una carga administrativa y económica para los gobiernos municipales, debido a las necesidades de capacitación, revisión documental y adaptación tecnológica. También alertó sobre la posibilidad de que los costos de modernización repercutan en las familias.

La aprobación de esta legislación abre una nueva etapa para la coordinación de la información inmobiliaria en México. Su implementación estará vinculada a la capacidad técnica y presupuestaria de los gobiernos locales, así como a la protección de los datos personales, la seguridad de las plataformas y el respeto a las atribuciones municipales.

El reto será garantizar que la interoperabilidad de los registros se traduzca en trámites más ágiles, mayor certeza jurídica y mejores herramientas contra los despojos, sin generar nuevas cargas para los municipios ni comprometer la seguridad de la información patrimonial de la ciudadanía.