Senado aprueba reforma que responsabiliza a proveedores de internet por infracciones a derechos de autor

Ciudad de México.El Senado de la República aprobó, reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer supuestos de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet por infracciones cometidas por los usuarios de sus plataformas, una modificación que generó confrontación entre MORENA y sus aliados frente a los grupos parlamentarios de oposición, ante los posibles efectos sobre la libertad de expresión en entornos digitales.

Con 72 votos a favor y 37 en contra, el Pleno aprobó en lo general la minuta recibida de la Cámara de Diputados, que reforma el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la legislación.

En la discusión en lo particular, las propuestas de modificación presentadas por senadores del PAN y Movimiento Ciudadano fueron rechazadas, por lo que el dictamen quedó aprobado en sus términos con 70 votos a favor y 37 en contra. Posteriormente, fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Los cambios establecen que los proveedores de servicios de internet podrán ser responsables de las infracciones a los derechos de autor cometidas por sus usuarios cuando incumplan las obligaciones previstas en la ley, contribuyan, induzcan o provoquen una conducta infractora teniendo conocimiento de ella, o tengan capacidad para controlar al usuario infractor y obtengan un beneficio financiero directamente relacionado con dicha actividad.

La reforma contempla sanciones económicas que van de 500 hasta 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del tipo de infracción, además de multas adicionales de 100 a 500 veces la UMA cuando persista la conducta.

Asimismo, establece que los proveedores podrán quedar exentos de responsabilidad por daños y perjuicios a los titulares de derechos de autor si cuentan con políticas públicas para suspender el servicio a usuarios reincidentes. Dichas disposiciones deberán estar disponibles en sus sitios de internet e incorporarse a los términos y condiciones del servicio, incluyendo mecanismos de notificación a los usuarios.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, defendió que las modificaciones no establecen censura previa ni alteran la neutralidad tecnológica, pues las sanciones no derivan de la simple prestación de servicios digitales, sino del incumplimiento de obligaciones y de la actualización de supuestos legales específicos.

En el mismo sentido, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que la reforma busca proteger el trabajo de creadores, productores y editores de contenidos culturales, sin establecer facultades de bloqueo generalizado ni vulnerar las libertades de los usuarios.

Por MORENA, María Guadalupe Chavira de la Rosa argumentó que los cambios armonizan la legislación mexicana con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Rechazó que la reforma pretenda limitar la caricatura política, los memes o las expresiones críticas, al señalar que contempla medidas administrativas y no sanciones penales.

Sin embargo, la oposición cuestionó los alcances de la modificación. La senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano González, advirtió que bajo el argumento de proteger los derechos de autor podrían generarse mecanismos para retirar investigaciones periodísticas, denuncias, videos y contenidos incómodos para el poder público. Aclaró que su bancada no defiende la piratería, pero sí considera necesario evitar cualquier disposición que pueda utilizarse como instrumento de censura.

Desde el PRI, Manuel Añorve Baños sostuvo que la reforma refleja una lógica de control sobre aquello que resulta incómodo para las autoridades y alertó sobre posibles afectaciones a la sátira política, el periodismo crítico y los contenidos difundidos en redes sociales.

Por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich cuestionó que el T-MEC sea utilizado como justificación para aprobar modificaciones que, desde su perspectiva, pueden poner en riesgo la libertad de expresión. Consideró necesario actualizar la legislación, pero bajo criterios de proporcionalidad, certeza jurídica y taxatividad.

En tanto, Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, reconoció la importancia de proteger a los creadores, aunque advirtió que la aplicación de la ley debe garantizar que no se convierta en un mecanismo de censura ni afecte la privacidad de los usuarios. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PT, respaldó la necesidad de establecer reglas que protejan la creación cultural y brinden certeza a los proveedores tecnológicos y a los usuarios.

Previamente, el Pleno rechazó una moción suspensiva presentada por la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota.

Con la aprobación de esta reforma, el Senado concluyó el trámite legislativo de la minuta y la remitió al Ejecutivo federal. No obstante, el debate político y jurídico sobre sus alcances continuará, particularmente por la responsabilidad que podrían asumir las plataformas digitales frente a los contenidos publicados por sus usuarios y las garantías para proteger la libertad de expresión en internet.