Senado aprueba reformas para reforzar protección de la propiedad industrial

Ciudad de México.  El Pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, con las que se amplían los delitos relacionados con falsificación, piratería y uso indebido de derechos de propiedad intelectual, además de actualizar sanciones frente a las nuevas modalidades de comercio y distribución digital.

El dictamen, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra, mientras que en lo particular los artículos reservados fueron aprobados con 68 votos a favor y 34 en contra. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que la reforma busca actualizar sanciones que no habían sido modificadas desde 1996 y armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales, entre ellos el T-MEC y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, sostuvo que los cambios responden a la transformación provocada por las tecnologías digitales, el comercio electrónico y las nuevas formas de distribución de contenidos y mercancías.

Entre las modificaciones destaca la incorporación transversal del concepto de “escala comercial”, con el objetivo de identificar conductas ilícitas realizadas con fines de beneficio económico, ventaja competitiva o con un impacto significativo en la posición de mercado de los titulares de derechos.

La reforma contempla penas de cuatro a diez años de prisión y de dos mil a 20 mil días multa para quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos antes de su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en México.

Asimismo, se amplía el catálogo de conductas relacionadas con la reproducción, distribución, venta, explotación de interpretaciones, descifrado de señales y elusión de medidas tecnológicas de protección.

Otro de los puntos establece sanciones para la utilización, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno cuando se pretenda inducir al error sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio o sistema.

En estos casos, el proyecto contempla una pena de cinco años de prisión y multa de mil a diez mil UMA cuando la conducta tenga como finalidad cometer un ilícito mediante el engaño sobre el carácter oficial de la información o servicio.

También se establece que la falsificación de marcas, así como la producción, almacenamiento, transporte, introducción al país, exportación, distribución o venta a escala comercial de productos falsificados, sean perseguidos de oficio.

Para la venta u oferta de productos con marcas falsificadas se contemplan penas diferenciadas: de dos a seis años de prisión y de mil a 100 mil UMA cuando se realice a consumidores finales en vías o lugares públicos, y de cuatro a diez años de prisión y de dos mil a 250 mil UMA cuando ocurra en establecimientos, locales, puestos, medios electrónicos o de manera organizada, sistemática o reiterada.

La reforma también fortalece las atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para emitir dictámenes técnicos y realizar diligencias y obtención de pruebas a solicitud de particulares, del Ministerio Público Federal u otras autoridades.

La discusión legislativa estuvo marcada por el alcance de las nuevas disposiciones relacionadas con el uso de la identidad gráfica de instituciones públicas.

Desde MORENA, la senadora Martha Lucía Micher Camarena defendió el proyecto y señaló que busca responder a los desafíos derivados de la digitalización, el comercio electrónico y la distribución transfronteriza de contenidos y mercancías.

En contraste, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, expresó el rechazo de su grupo parlamentario al considerar que las sanciones podrían afectar expresiones como la sátira, la caricatura y los cartones políticos.

El priista Manuel Añorve Baños también cuestionó las disposiciones y sostuvo que la protección contra la piratería no debe traducirse en restricciones a la crítica política, mientras que Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión en redes sociales.

Desde el PT, Lizeth Sánchez García defendió la reforma y afirmó que las disposiciones no están dirigidas contra los memes, la sátira o la crítica política, sino contra conductas de engaño y afectación patrimonial.

Las reservas presentadas por legisladores del PRI, PAN y MC fueron rechazadas. En cambio, el Pleno aprobó una propuesta de Javier Corral para precisar el artículo 429 del Código Penal Federal, estableciendo que los delitos previstos en ése título serán de comisión dolosa y se perseguirán de oficio, con las excepciones señaladas en el propio ordenamiento.

Con la aprobación del Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará su trámite legislativo.